PDA Bullying en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030

El ODS 16 ‘Paz, Justicia e Instituciones Sólidas’ busca promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. De este modo, se centra en reducir de manera significativa todas las formas de violencia. En este sentido, es importante prevenir, detectar y actuar en relación con el acoso en las escuelas para que todos los/as niños/as y jóvenes tengan igualdad de derechos y una educación libre de violencia.

Este es precisamente el objetivo principal perseguido con PDA Bullying, con un enfoque comunitario orientado en dotar a las instituciones de herramientas y recursos para el abordaje de la violencia que integren una mirada de bienestar y ayuden a dar una respuesta integral a esta problemática.

Un aspecto prioritario del plan de acción de la Agenda 2030 es la protección de los niños, desde un planteamiento integral y reformista de la legislación de protección a la infancia, reforzando los instrumentos de los poderes públicos en la prevención y lucha contra la violencia infantil. Por ello, el código de buenas prácticas que planteamos desde la plataforma colaborativa PDA Bullying se basa en un protocolo propio que propone ocho fases de aplicación que pueden resultar en sí mismas un sistema de verificación de otros protocolos aplicados a nivel territorial en las Comunidades Autónomas y/o municipios, tanto de bullying, como de otras formas de maltrato. Todas estas dimensiones deben ser abordadas desde los protocolos, abordarlas todas permite abrir y cerrar un circuito PDA de forma integral.

El código establece un primer bloque de cuatro indicadores de “Promoción” que centran todo lo relativo al marco normativo y al contexto sobre el que se construye la base de todas las estrategias y metodologías a aplicar y poner en práctica, con elementos clave como el Plan de Convivencia y la documentación que regula la actividad de los centros educativos: proyecto educativo de centro, normas de régimen interno, etc., generando intercambio de buenas prácticas entre la Administración. Aquí cobra especial relevancia la reciente aprobación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia ante la violencia (LOPIVI), con todas las implicaciones que supone para el ámbito que nos ocupa, incorporando elementos clave como la promoción de las Competencias Digitales de la comunidad educativa y la figura del Coordinador de bienestar/Delegado de Protección.

El plan de acción de la Agenda 2030 también incide en la importancia de contribuir a reparar el daño causado, es por ello que las buenas prácticas deben contemplar este aspecto. Esto se ve reflejado en nuestro Código de Buenas Prácticas, que en el apartado de “Actuación” hace referencia al “Enfoque restaurativo, de no discriminación y apreciación de la diversidad, y de crecimiento personal”, así como a la necesidad de “Acompañar la reparación del dolor y la restauración del bienestar desde las propias competencias”.

La perspectiva comunitaria viene dada por la suma de apoyos institucionales y la búsqueda de consenso en este ámbito, a través de la figura de las entidades adheridas. Esto nos permite establecer relación entre las entidades y generar sinergias con procesos co-creativos, maximizar el impacto de las acciones e iniciativas, aprovechamiento de recursos compartidos, etc. En definitiva, creando una comunidad que trabaje en red de forma eficiente, tal como apunta el citado ODS 16, pero también en sintonía con otros ODS como son:

  • 4 ‘Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos’, en relación con la reducción de la tasa de abandono prematuro y la inversión para garantizar centros educativos libres de violencia.
  • 5 ‘Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas’ dado que el propio código de buenas prácticas tiene en cuenta la perspectiva de género (gracias a la contribución de entidades especializadas como es el caso de NUS Cooperativa, así como aspectos específicos relevantes como son la violencia de control o la LGTBIfobia). Precisamente, las entidades gestoras de la plataforma realizan acciones alineadas con este objetivo. La Fundación Aprender a Mirar y la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña disponen de un programa especializado para poner fin a las formas de discriminación, estereotipos de género y violencia de control, abordando aspectos clave como la hipersexualización en la red, la pornovenganza y su relación con tipos de violencias online, tal como recoge el estudio “Violencia viral” a cargo de Save The Children (sexting sin consentimiento, sextorsión, violencia online en la pareja o expareja o exposición involuntaria a material sexual y/o violento). Por su parte, a través de Equip SEER hemos colaborado en la elaboración de una Guía para el abordaje del sexismo y el acoso lgtbifóbico en las escuelas en colaboración con Fil a l’Agulla (entidad adherida) y la Asociación Candela, en relación con la perspectiva del acoso por motivos de discriminación LGTBI, a partir de un encargo del Departamento de Promoción de los Derechos de las Mujeres y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona, a la cual aportamos mirada de activos y factores protectores (huyendo del habitual enfoque victimizador y de factores de riesgo). 
  • 10 ‘Reducir la desigualdad en los países y entre ellos’, ya que uno de los objetivos es reducir la desigualdad causada por motivos como el sexo, edad, discapacidad, raza, etnia o religión, y en este ámbito nos referimos a las violencias motivadas por odio y discriminación (especial atención al ciberbullying y al ‘hate speech’ que prolifera en la red) y las características específicas de cada colectivo afectado. La perspectiva comunitaria nos permite incidir en la protección social de colectivos minoritarios en riesgo y la adhesión de entidades que les representan, a fin de que participen activamente en la plataforma.

Es necesaria una coordinación entre todos los agentes implicados, no solo las entidades del sector, sino la propia Administración Pública y los centros educativos. Queremos alinear las necesidades existentes con los activos y recursos que permitan dar cobertura a los indicadores definidos. El Programa supone una plataforma inclusiva a todos los efectos, en la que sumar efectivos y focalizarlos para el trabajo en red de manera eficaz.