El Comité de expertos para la creación de entornos digitales seguros para la infancia y la juventud, promovido desde el Ministerio de Juventud e Infancia, ha elaborado este informe con la propuesta de 107 medidas para crear entornos digitales seguros.
El comité, formado por 50 personas independientes y de referencia en diversos ámbitos, está presidido por la vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital, Ana Caballero, y se estructura en seis grupos de trabajo (Salud, Educación, Privacidad, Industria y Consumo, Derechos, Participación y Pornografía/Violencia Sexual), con una presencia equilibrada entre mujeres y hombres.
El grupo ha contado con representación de la Plataforma de Organizaciones de Infancia, UNICEF, Save The Children, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, el Consejo de la Juventud, Asociación Española de Pediatría, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Escolar del Estado, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo de Consumidores y Usuarios.
También han estado presentes las confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos y las entidades y organizaciones del tercer sector de ámbito estatal, además de especialistas en las áreas de la pediatría, la psicología, la igualdad de género y la protección de la salud mental, así como juristas especializados en la garantía de los derechos de la infancia y de la juventud.
El informe plantea medidas de regulación dirigidas al sector de la industria, asumiendo que la autorregulación del sector es insuficiente. En este apartado, destaca propuestas como la configuración por defecto de espacios seguros digitales (control parental) o la obligatoriedad de advertir en el etiquetado de los dispositivos de los riesgos que su uso tiene para la salud, y de elaborar informes de impacto de dichos productos. Además, añade la importancia de reforzar los mecanismos de denuncia y bloqueo, responsabilidad de la industria.
En el ámbito educativo, los expertos instan a la regulación del uso de los dispositivos en los centros educativos. En este apartado, diferencian entre los de uso privado del alumnado (no permitidos en educación infantil y primaria, y limitados como herramientas pedagógicas en secundaria) y los de los propios centros. En estos últimos, se plantea la revisión contrastada de las aplicaciones, la eliminación de los sistemas de gratificación inmediata o el establecimiento de límites por edad, entre otros.
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