Informe a cargo de Educo, publicado en enero de 2026, sobre cómo se está implementando la coordinación de bienestar y protección en centros educativos, una figura clave para prevención y respuestas ante cualquier caso de violencia contra la infancia. A partir de unos estándares mínimos comunes, analiza el marco normativo y como se está desplegando esta figura a cada CCAA.
En 2023, el informe Coordinador/a de bienestar y protección: balance del primer año (Educo 2023), ofreció la primera fotografía comparada de esta figura en el conjunto del territorio. Aquel análisis permitió identificar avances, pero también brechas significativas entre territorios, así como la ausencia y necesidad de un marco homogéneo que garantizara unos estándares mínimos de protección para toda la infancia.
Educo juntamente con la Cátedra de Derechos del Niño de Comillas, UNICEF, British Council y la Plataforma de Organizaciones de Infancia, impulsó un proceso participativo para definir unos estándares mínimos comunes que orienten el ejercicio de la función de coordinación de bienestar y protección. Estos estándares, contrastados con profesionales de la educación, las administraciones públicas y entidades del sector de infancia, pretende ofrecer un marco de referencia compartido que garantice la calidad, coherencia, efectividad y sostenibilidad de la figura.
En 2026, Educo publica el informe "Más allá del papel. Progresos y retos en la implantación de la coordinación de bienestar y protección en centros educativos.". Esta nueva edición revisa y actualiza los criterios de análisis a la luz de los estándares mínimos recientemente formulados, lo cual permite una lectura comparada más precisa y alineada. Con una metodología de revisión documental y análisis comparativo, se ha mirado de actualizar esta fotografía, haciendo un repaso al marco normativo sobre cómo se está desplegando esta figura definida en la LOPIVI en las diferentes CCAA. El documento analiza los puntos fuertes y débiles de cómo se está implementando.
El informe de Educo pone de manifiesto que, cuatro años después de la aprobación de la LOPIVI, la figura de la coordinación de bienestar y protección está ya presente de forma generalizada en los centros educativos, pero su implantación real sigue siendo desigual y, en muchos casos, insuficiente para garantizar una protección efectiva de la infancia y la adolescencia.
Una de las principales conclusiones es que la existencia formal de la figura no garantiza su impacto real. En numerosos centros, la persona designada no dispone de tiempo, formación específica ni recursos suficientes, lo que limita su capacidad para trabajar la prevención, la detección precoz y la promoción del buen trato. Como consecuencia, la coordinación suele centrarse en la gestión de situaciones graves, dejando en segundo plano la labor preventiva.
El análisis comparado del informe evidencia una gran heterogeneidad normativa entre comunidades autónomas. Aquellos territorios que han desarrollado marcos normativos específicos y estables muestran mayor claridad y capacidad de actuación, mientras que los que regulan la figura mediante instrucciones anuales o marcos genéricos presentan mayor fragilidad y falta de continuidad.
Uno de los aspectos más críticos señalados es la ausencia de una dotación horaria garantizada. Sin tiempo asignado de manera clara, la coordinación de bienestar no puede ejercer plenamente sus funciones. Este déficit se identifica como el principal cuello de botella para consolidar una cultura preventiva en los centros educativos.
En relación con la formación, el informe reconoce avances importantes, con un aumento de las acciones formativas en distintos territorios. No obstante, estas iniciativas no siempre son sistemáticas ni continuas, y con frecuencia no alcanzan a toda la comunidad educativa, a pesar de que la LOPIVI establece la protección como una responsabilidad compartida.
El estudio también advierte sobre la práctica inexistencia de reconocimiento económico vinculado a esta función, lo que contribuye a invisibilizar la responsabilidad asumida y puede afectar tanto a la motivación como a la sostenibilidad del rol. A ello se suma la debilidad de los mecanismos de apoyo institucional y rendición de cuentas, fundamentales para que la figura no solo exista, sino que funcione y evolucione.
Finalmente, el informe señala vacíos especialmente preocupantes en determinadas etapas y ámbitos educativos, como la educación de 0 a 3 años o algunas enseñanzas especializadas, a pesar de tratarse de espacios clave para la prevención temprana.
La conclusión es clara: es necesario pasar del papel a la acción. Dotar a la coordinación de bienestar y protección de marcos normativos claros, tiempo, formación, recursos y apoyo institucional resulta imprescindible para que se convierta en un motor real de cambio, capaz de garantizar entornos educativos seguros, protectores y centrados en el bienestar emocional de todos los niños, niñas y adolescentes.