Del derecho escrito al derecho vivido: protección de la infancia frente a las violencias (EDUCO)

"Del derecho escrito al derecho vivido. Cuando la ley no basta: la infancia frente a la violencia en Andalucía y El Salvador" es un informe realizado por Educo que analiza la distancia entre los marcos legales de protección de la infancia y su aplicación real en Andalucía y El Salvador.

Consultar el informe "Del derecho escrito al derecho vivido. Cuando la ley no basta: la infancia frente a la violencia en Andalucía y El Salvador" aquí

Contexto del recurso

Este informe de Educo parte de una pregunta central: ¿qué ocurre cuando las leyes reconocen el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir libres de violencia, pero la protección efectiva no siempre llega a los espacios donde hacen vida?

A partir de un análisis comparado entre Andalucía y El Salvador, el recurso pone el foco en la brecha entre el derecho escrito -aquello que establecen las leyes- y el derecho vivido -aquello que realmente experimentan niños, niñas y adolescentes en su día a día-. En concreto, analiza la implementación de la LOPIVI en España y de la Ley Crecer Juntos en El Salvador, dos normativas que comparten una mirada de protección integral, prevención y reconocimiento de la infancia como sujeto activo de derechos.

Contenido del recurso

El informe se basa en una investigación cualitativa y comparada que combina entrevistas a profesionales de la administración pública, el ámbito educativo, sanitario, judicial, social, comunitario y del tercer sector, con grupos de discusión con niños, niñas y adolescentes. Esta metodología permite poner en diálogo la mirada institucional y profesional con las percepciones de los propios niños, niñas y adolescentes sobre la seguridad, la violencia, los canales de ayuda y su participación.

En el caso de Andalucía, el documento analiza el despliegue de la LOPIVI en el ámbito local y pone el foco en el papel de los municipios, los servicios sociales, los centros educativos y las entidades sociales, deportivas y de ocio como espacios clave de prevención, detección y protección. El informe aborda figuras como el coordinador o coordinadora de bienestar y protección en los centros educativos y el delegado o delegada de protección en las entidades, y señala que su implementación todavía es desigual.

También identifica avances, como la existencia de herramientas de notificación y seguimiento, experiencias de coordinación interinstitucional y recursos específicos para reforzar la protección, pero al mismo tiempo destaca carencias vinculadas a la formación, la coordinación, la notificación de situaciones de riesgo y la prevención de la revictimización.

En el caso de El Salvador, el informe analiza la Ley Crecer Juntos, que plantea la protección de la infancia desde una mirada de desarrollo integral, especialmente desde la primera infancia. El documento describe las estructuras del sistema de protección, como el CONAPINA, las Juntas de Protección, los Comités Locales de Derechos, las Defensorías Comunitarias y la Red de Entidades de Atención.

También señala que el despliegue territorial de la ley todavía se encuentra en proceso de consolidación y que es necesario reforzar recursos humanos, capacidades técnicas, protocolos operativos, coordinación entre niveles institucionales y mecanismos de seguimiento.

El recurso dedica una atención especial al contexto salvadoreño actual marcado por el régimen de excepción vigente desde 2022. El informe expone cómo este contexto puede generar nuevas vulnerabilidades para niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando las detenciones masivas afectan a personas cuidadoras y dejan a niños y niñas sin referentes adultos estables.

También identifica formas de violencia y desprotección que continúan normalizadas en algunos entornos familiares y comunitarios, como la desatención, el trabajo infantil o la explotación sexual comercial.

En ambos territorios, el informe recoge que niños, niñas y adolescentes a menudo asocian la seguridad a vínculos cercanos: familia, personas de confianza, grupo de iguales o comunidad, más que a leyes, protocolos o servicios institucionales. También se constata que muchos desconocen los canales formales de ayuda y que la participación infantil y adolescente todavía no cuenta con mecanismos suficientes para ser real, vinculante y sostenida.

El análisis comparado identifica retos comunes en Andalucía y El Salvador: falta de recursos humanos y materiales, formación especializada insuficiente, coordinación interinstitucional frágil, ausencia de sistemas robustos de evaluación, poca difusión de las leyes entre niños, niñas y adolescentes, normalización social de determinadas violencias y riesgo de revictimización. Al mismo tiempo, el documento muestra diferencias importantes entre ambos contextos, como el grado de consolidación de los sistemas de protección, el papel de las redes comunitarias, los referentes de seguridad que identifican los niños, niñas y adolescentes y el impacto del contexto político y social en la protección de la infancia.

Finalmente, el informe presenta propuestas de actuación orientadas a reforzar la implementación de las leyes. Entre estas, destaca la necesidad de formación sistemática para los profesionales, educación en derechos para niños, niñas y adolescentes, canales de denuncia accesibles y seguros, espacios reales de participación, protocolos de coordinación entre instituciones, medidas para evitar la revictimización y sistemas de evaluación que incorporen la voz de los niños, niñas y adolescentes.

Acercar el contenido a niños, niñas y adolescentes

Uno de los aspectos que refuerza este recurso es la importancia de acercar los contenidos sobre derechos, protección, buen trato y canales de ayuda a los propios niños, niñas y adolescentes. En este sentido, las personas adultas, profesionales, entidades y agentes educativos que consulten el informe pueden compartir sus ideas principales con niños, niñas y adolescentes, de manera accesible, comprensible y adaptada a su lenguaje y a sus realidades. Hacer llegar esta información es clave para que puedan reconocer sus derechos, identificar situaciones de riesgo o violencia, saber dónde pedir ayuda y participar activamente en la construcción de entornos más seguros.

 

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