El despliegue de la LOPIVI en Cataluña: de la ley a la protección efectiva

Cinco años después de la aprobación de la LOPIVI, el documento pone el foco en la distancia que todavía existe entre el despliegue formal de la ley y su aplicación efectiva. A partir del análisis de diferentes ámbitos, identifica qué medidas se han consolidado y qué condiciones deben reforzarse para que la protección de los niños, niñas y adolescentes sea real y equitativa.

El documento ofrece una mirada global sobre el despliegue de la ley en Cataluña e incorpora la experiencia de las entidades que trabajan directamente con niños, niñas, adolescentes y familias.

Consulta el informe «El despliegue de la LOPIVI en Cataluña: de la ley a la protección efectiva»

Del despliegue formal a la implementación efectiva

Uno de los elementos centrales del informe es la distinción entre el despliegue y la implementación de la LOPIVI.

El despliegue hace referencia a la existencia formal de normas, protocolos, servicios, programas y figuras profesionales de protección. La implementación, en cambio, permite valorar si estas medidas se trasladan realmente a la práctica y si disponen de los recursos, la formación, la coordinación y el seguimiento necesarios para producir cambios efectivos en la vida de los niños, niñas y adolescentes.

Desde esta perspectiva, el dosier no solo recoge las actuaciones impulsadas durante los últimos años, sino que también analiza las condiciones que facilitan o dificultan su aplicación.

Ocho ámbitos de análisis

El informe estudia el despliegue de la LOPIVI en ocho ámbitos de intervención: el familiar, el educativo, el sanitario, los servicios sociales, el entorno digital, el ocio educativo y el deporte, las fuerzas y cuerpos de seguridad y los centros de protección.

El análisis permite conocer los principales protocolos, servicios, figuras y estrategias desarrollados en Cataluña, así como identificar las diferencias existentes entre los distintos ámbitos y territorios.

Entre los avances destacados se encuentran la implantación de la figura del coordinador o coordinadora de coeducación, convivencia y bienestar en los centros educativos, el despliegue del modelo Barnahus, la actualización de protocolos de actuación y la incorporación progresiva de políticas y figuras de protección en entidades sociales, deportivas y de ocio educativo.

Avances significativos, pero todavía desiguales

A pesar de los progresos alcanzados, el informe señala que la implementación de la LOPIVI continúa siendo desigual y que muchas de las medidas existentes todavía presentan limitaciones relacionadas con la falta de recursos, la dedicación profesional, la formación especializada o la ausencia de mecanismos estables de seguimiento y evaluación.

Entre los principales retos identificados destacan:

• Las diferencias territoriales en el acceso a servicios y recursos especializados.
• La necesidad de concretar las funciones, la formación, la dedicación y la supervisión de las figuras de protección.
• Las dificultades de acceso a una atención especializada en salud mental infantil y juvenil.
• La saturación de los servicios sociales y de protección, que limita el desarrollo de actuaciones preventivas.
• La ausencia de una estrategia catalana integral frente a las violencias digitales.
• La necesidad de reforzar la coordinación entre los sistemas educativo, sanitario, social, policial y de protección.
• La escasa información disponible sobre el conocimiento que tienen los niños, niñas y adolescentes de sus derechos y de los canales de apoyo, comunicación o denuncia.

El papel del tercer sector social

El dosier pone en valor al tercer sector social como un agente esencial para la implementación efectiva de la LOPIVI. Las entidades desarrollan tareas de prevención, detección, acompañamiento, protección y reparación, y muchas han impulsado protocolos, políticas de buen trato, figuras de protección y espacios de participación infantil.

Sin embargo, el informe advierte que estas nuevas responsabilidades no siempre han ido acompañadas de la financiación estructural, el reconocimiento institucional y los recursos técnicos necesarios. Esta situación afecta especialmente a las entidades pequeñas y a las organizaciones con una elevada dependencia del voluntariado.

Por este motivo, se defiende que el tercer sector no sea considerado únicamente un ejecutor de servicios, sino un agente importante en la definición, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas de protección de la infancia y la adolescencia.

Recomendaciones para avanzar hacia una protección efectiva

El informe concluye con propuestas dirigidas a la Administración autonómica, las administraciones locales y las entidades del tercer sector social.

Entre estas recomendaciones se encuentran la actualización del marco normativo catalán, la regulación de las figuras de protección, el incremento de los recursos destinados a la prevención, la formación obligatoria y continuada de los equipos profesionales, la mejora de los sistemas de información, el establecimiento de indicadores de evaluación y la reducción de las desigualdades territoriales.

También se propone reforzar los espacios locales de coordinación, incorporar de manera efectiva la participación de los niños, niñas y adolescentes y consolidar las Políticas de Protección y Buen Trato como una herramienta de transformación de la cultura organizativa.

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